A entrada en vigor do modelo de comarcalización dos xulgados en 2026 está a xerar inquietude no ámbito xurídico, especialmente en provincias cunha orografía complexa como Ourense. Así o manifestou Marta Gómez, decana do Ilustre Colexio da Avogacía de Ourense, nunha entrevista concedida á RNE.
Según explicó, aunque la reforma persigue una mayor especialización judicial, en la práctica puede traducirse en una centralización de servicios en las capitales, lo que podría alejar la justicia de la ciudadanía, especialmente en zonas rurales. En el caso de la violencia de género, advirtió que fuera del horario ordinario (de 9:00 a 14:00) las víctimas serán atendidas por los juzgados de instrucción de origen, lo que limita el impacto real de los juzgados especializados.
Un dos aspectos máis preocupantes sinalados é o desprazamento obrigatorio de vítimas, profesionais e testemuñas, que nunha provincia como Ourense pode supoñer traxectos de ata dúas horas. Desde o ICA Ourense propúxose potenciar as declaracións telemáticas desde os xulgados de orixe, co obxectivo de evitar que o proceso xudicial se converta nun obstáculo engadido para as persoas máis vulnerables.
No obstante, la decana alertó de que esta solución solo será viable si se dota a todos los juzgados de los medios técnicos y humanos necesarios, algo que, a día de hoy, no está garantizado. En su opinión, sin recursos suficientes, la reforma corre el riesgo de generar más perjuicios que beneficios.
Durante a entrevista na RNE, a decana do Colexio da Avogacía de Ourense, Marta Gómez, puxo o foco nas dificultades específicas ás que se enfrontan as vítimas de violencia de xénero no medio rural ante os cambios estruturais previstos na Administración de Xustiza.
Gómez subrayó que muchas mujeres evitan denunciar en sus propios municipios por miedo al estigma social, una realidad que debe ser tenida en cuenta en cualquier reforma judicial. En este sentido, rechazó propuestas como la realización de comparecencias en ayuntamientos, al considerar que la exposición pública que supone acudir escoltadas por fuerzas de seguridad puede disuadir a las víctimas de dar el paso de denunciar.
Asimismo, destacó la importancia de la colaboración con la Guardia Civil, que sí dispone de medios para realizar comparecencias telemáticas desde sus unidades. Sin embargo, advirtió de que esta capacidad no siempre se corresponde con la realidad de los juzgados, donde la falta de medios puede impedir una aplicación efectiva de estas soluciones.
La decana insistió en que el espíritu de la ley es positivo, pero recordó que “el papel lo aguanta todo” si no se acompaña de recursos suficientes. A su juicio, cualquier reforma que termine haciendo más gravoso el proceso judicial para las víctimas puede provocar el efecto contrario al buscado: menos denuncias y menor protección efectiva.
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