La entrada en vigor del modelo de comarcalización de los juzgados en 2026 está suscitando inquietud en el ámbito jurídico, especialmente en provincias con una orografía compleja como Ourense. Así lo ha manifestado Marta Gómez, decana del Ilustre Colexio da Avogacía de Ourense, en una entrevista concedida a RNE.
Según explicó, aunque la reforma persigue una mayor especialización judicial, en la práctica puede traducirse en una centralización de servicios en las capitales, lo que podría alejar la justicia de la ciudadanía, especialmente en zonas rurales. En el caso de la violencia de género, advirtió que fuera del horario ordinario (de 9:00 a 14:00) las víctimas serán atendidas por los juzgados de instrucción de origen, lo que limita el impacto real de los juzgados especializados.
Uno de los aspectos más preocupantes señalados es el desplazamiento obligatorio de víctimas, profesionales y testigos, que en una provincia como Ourense puede suponer trayectos de hasta dos horas. Desde el ICA Ourense se propuso potenciar las declaraciones telemáticas desde los juzgados de origen, con el objetivo de evitar que el proceso judicial se convierta en un obstáculo añadido para las personas más vulnerables.
No obstante, la decana alertó de que esta solución solo será viable si se dota a todos los juzgados de los medios técnicos y humanos necesarios, algo que, a día de hoy, no está garantizado. En su opinión, sin recursos suficientes, la reforma corre el riesgo de generar más perjuicios que beneficios.
Durante la entrevista en RNE, la decana del Colexio da Avogacía de Ourense, Marta Gómez, puso el foco en las dificultades específicas que afrontan las víctimas de violencia de género en el medio rural ante los cambios estructurales previstos en la Administración de Justicia.
Gómez subrayó que muchas mujeres evitan denunciar en sus propios municipios por miedo al estigma social, una realidad que debe ser tenida en cuenta en cualquier reforma judicial. En este sentido, rechazó propuestas como la realización de comparecencias en ayuntamientos, al considerar que la exposición pública que supone acudir escoltadas por fuerzas de seguridad puede disuadir a las víctimas de dar el paso de denunciar.
Asimismo, destacó la importancia de la colaboración con la Guardia Civil, que sí dispone de medios para realizar comparecencias telemáticas desde sus unidades. Sin embargo, advirtió de que esta capacidad no siempre se corresponde con la realidad de los juzgados, donde la falta de medios puede impedir una aplicación efectiva de estas soluciones.
La decana insistió en que el espíritu de la ley es positivo, pero recordó que “el papel lo aguanta todo” si no se acompaña de recursos suficientes. A su juicio, cualquier reforma que termine haciendo más gravoso el proceso judicial para las víctimas puede provocar el efecto contrario al buscado: menos denuncias y menor protección efectiva.
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