El ICA Ourense reitera la urgencia de una ley de Pasarela al RETA que incorpore un mínimo de mejoras irrenunciables

Manifestación de mutualistas alternativos el 8 de mayo en Madrid

Ourense, 6 de mayo de 2026 – Ante la inminente manifestación del 8 de mayo en Madrid, el Ilustre Colegio de Abogados de Ourense (ICA Ourense) reitera su profunda preocupación por el estado actual de la tramitación de la Proposición de Ley para la pasarela al RETA de los mutualistas alternativos.

El Ilustre Colegio de Abogados de Ourense reitera su firme posicionamiento en favor de una reforma legislativa que garantice la equidad y la seguridad jurídica para los profesionales mutualistas. La inminente discusión en Comisión parlamentaria exige que el texto final refleje un compromiso real con las demandas de un colectivo que ha sufrido una prolongada e innecesaria demora.

Resulta preocupante que durante la tramitación se hayan rechazado propuestas de mejora que, según se informa, cuentan con un respaldo mayoritario en el arco parlamentario. La incorporación de dichas mejoras durante la fase de Ponencia, que contaban con un amplio consenso, prolonga una situación de grave incertidumbre para miles de profesionales y sus familias.

Para que la ley sea una solución y no un problema, es fundamental que se incorporen, antes de su debate en Comisión, las enmiendas que incluyan a todos los afectados, refuercen la seguridad jurídica, corrijan imprecisiones y eliminen ambigüedades. La dignidad en la jubilación es un derecho fundamental que el Estado debe proteger, y la futura ley debe ser el instrumento que lo garantice de forma efectiva.

Desde el ICA Ourense, hacemos un llamamiento a la sensatez y al diálogo constructivo para que, antes del debate en Comisión, se alcance un acuerdo que dote al texto legislativo de la coherencia y justicia que el colectivo afectado demanda. Instamos a los legisladores a escuchar a los afectados y también al resto de grupos parlamentarios, y a consensuar un texto que comience a reparar la injusticia.

La responsabilidad del Estado es garantizar una jubilación digna dentro del sistema público, y esta es la ocasión de demostrarlo con hechos. Instamos a los poderes públicos a actuar con la celeridad y la responsabilidad que la situación requiere, garantizando que el texto final sea una norma sólida que ofrezca seguridad jurídica y repare una injusticia histórica para todos los afectados. La dignidad en la jubilación no es un privilegio, sino un derecho fundamental que el Estado debe proteger.