- La Xunta de Galicia se niega a abonar a los letrados y a las letradas contraprestación alguna por los MASC, pese a ser obligatorios, mientras se advierte a las juntas de gobierno de los colegios profesionales de la abogacía de responsabilidades penales si se niegan a designar letrados o letradas para que presten estos servicios gratis.
Ourense, 26 de enero de 2026. La Junta de Gobierno del Ilustre Colexio da Avogacía de Ourense denuncia públicamente la decisión de la Consellería de Xustiza de la Xunta de Galicia de negar el pago a los profesionales del Turno de Oficio por su intervención en los Mecanismos Alternativos de Solución de Controversias (MASC), a pesar de tratarse de un servicio que se encuentra dentro de los cubiertos por el beneficio de justicia gratuita.
La pasada semana, la Xunta rechazó la justificación y pago de estas actuaciones, lo que supone imponer a los profesionales que prestan el servicio público de justicia gratuita y Turno de Oficio, trabajar gratis. La decisión perjudica directamente a los beneficiarios del servicio público, que no gozarán de los mismos medios para acceder a la justicia que los clientes que tienen capacidad económica para asumir los gastos del procedimiento y sitúa a los profesionales en una situación de absoluta indefensión, resultando manifiestamente injusta y arbitraria, al hacer recaer en los profesionales los costes de un servicio público esencial, vulnerando el principio de retribución por el trabajo realizado y contradiciendo la normativa que integra la asistencia letrada en los MASC dentro de las prestaciones cubiertas por el servicio de justicia gratuita.
La gravedad del asunto se incrementa si se tiene en cuenta que, meses atrás, cuando la Junta de Gobierno del Ilustre Colexio da Avogacía de Ourense acordó no designar compañeros o compañeras para realizar trabajos no remunerados (en concreto, los indicados MASC), se advirtió inmediatamente de imputaciones penales por prevaricación administrativa.
La decana del Ilustre Colexio da Avogacía de Ourense, Marta Gómez Álvarez, se muestra tajante al respecto: “Es inasumible. La imposición del trabajo gratuito por la Xunta pone en serio riesgo el servicio público de justicia gratuita y la tutela judicial efectiva. Exigir una remuneración justa por un trabajo obligatorio no es inmovilismo ni corporativismo: es una cuestión elemental de legalidad, dignidad profesional y respeto al Estado de Derecho.”
Un agravio comparativo intolerable
La decisión de la Xunta sitúa a Galicia a la cola del Estado en la defensa de la justicia gratuita. Mientras otras comunidades autónomas —incluso gobernadas por el mismo signo político— retribuyen estas actuaciones con cantidades superiores a los 300 euros, en Galicia se impone el cero absoluto, al igual que ocurre con las guardias, que siguen sin compensación por disponibilidad, desplazamientos ni cotizaciones.
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