Ourense, 30 de julio de 2026
Estimadas/os compañeras/os:
Me dirijo a vosotros/as al cierre de este año judicial para compartir un balance de la gestión y los retos que hemos afrontado. Mucho hemos avanzado desde que iniciamos la lucha por la pasarela al RETA en abril de 2023. Hoy, estoy convencida de que lo hemos conseguido porque no prestamos atención a quienes afirmaban que era una meta inalcanzable. Esta batalla ha sido librada por las compañeras y los compañeros de a pie, contra viento y marea, superando obstáculos institucionales y lealtades mal entendidas.
El hecho de estar hoy al frente de este Colegio ha permitido evitar posturas de oposición frontal a esta causa, pero lamentablemente no ha servido para que las instituciones hagan piña y remen en la misma dirección que el colectivo. Las cientos de reuniones mantenidas con representantes políticos y administraciones, los informes técnicos, las propuestas legislativas y las enmiendas presentadas no han nacido de las instituciones, que se encuentran lastradas por decanos que se oponen frontalmente a apoyar al colectivo al que se supone que representan; han sido fruto del trabajo de los compañeros.
Ahora, en la inevitable «batalla por las medallas», muchos/as se atribuyen un apoyo que nunca existió desde el principio. Olvidan los insultos, los desprecios y las burlas hacia un trabajo ingente que ha logrado remover conciencias y leyes. Al César lo que es del César: el mérito es de los/as compañeros/as, de las plataformas, de las asociaciones, del sindicato y de las comisiones de los pocos colegios que han ayudado, aun a riesgo de ser denostados. La Mutualidad son los/as mutualistas, igual que los Colegios son los/as colegiados/as; es una realidad que no todos/as han querido asimilar, pero que finalmente se ha impuesto.
Para quienes no seguís el día a día de la tramitación, os informo de que, tras un último contratiempo parlamentario que amenazaba con vaciar de contenido la ley, hemos logrado convencer nuevamente a los grupos políticos de la necesidad de una norma que solucione la problemática de forma real y no como un mero brindis al sol. Cerramos el año con la satisfacción del deber cumplido, sabiendo que aún queda por delante la aprobación del reglamento y la lucha por el reconocimiento de la relación laboral especial para el Turno de Oficio. En esta nueva contienda, tampoco esperamos contar con el apoyo institucional; no por falta de voluntad de la Presidencia del Consejo General de la Abogacía Española (CGAE), que ya se manifestó a favor de los/as compañeros/as que pelearon por la pasarela, sino porque los/as decanos/as, algunos/as, nuevamente, lo impedirán. No importa: ya conocemos el camino y sabemos que la dignidad de la profesión no se negocia.
Seguiremos peleando a pesar de quienes parecen haber decidido, especialmente aquí, en Galicia, que las voces disidentes deben ser silenciadas para plegarse a las mayorías en connivencia con la Administración. El Colegio no será un instrumento para la sumisión; la lealtad institucional no puede ser unidireccional ni servir para imponer la opinión de decanos/as que no consultan a sus bases, incluso cuando el disidente defiende lo que sus propios colegiados han votado.
Gracias al trabajo en las plataformas, se ha aprobado una pasarela que, aunque deja fuera a los/as jubilados/as por voluntad política —punto por el que seguiremos luchando—, garantiza una prestación mínima al resto del colectivo. Asimismo, desde este Colegio hemos propuesto ante el CGAE la modificación de los estatutos para excluir al presidente de la Mutualidad del Pleno del Consejo. Nos enfrentaremos a consejeros que son vocales de la Mutualidad y a decanos que han invertido cantidades indecentes del ahorro de sus colegiados/as en productos de la Mutualidad que carecen de la cobertura del Fondo de Garantía de Depósitos. No estamos solos.
En relación con el baremo del Turno de Oficio en Galicia, no apoyaremos decisiones que rebajen las propuestas acordadas. Este Colegio no renunciará a reclamar el abono de todos los conceptos realizados, ni rebajaremos los importes reclamados sin causa. La falta de firma de un baremo con la Xunta no ha impedido la actualización de cantidades al IPC y sí ha supuesto el anticipo del importe de infraestructuras, por primera vez, por lo que no vemos motivo para regalar el trabajo de los/as compañeros/as a la administración.
Un punto de inflexión en nuestra gestión ha sido la firme decisión adoptada en la Junta de Gobierno del pasado 16 de julio de 2026. Tras un análisis riguroso, acordamos por unanimidad la no adhesión de este Colegio al Convenio de colaboración entre el Instituto Galego da Vivenda e Solo (IGVS) y el Consello da Avogacía Galega (CAG) para el periodo 2026-2028. Esta decisión, lejos de ser un mero trámite, constituye un acto de reivindicación de nuestra soberanía y de respeto a la profesión. Los motivos que sustentan esta desvinculación son profundos y afectan a la esencia misma de nuestra labor:
-Falta de participación democrática: La suscripción de este convenio fue decidida por el Consello da Avogacía Galega sin escuchar o permitir participar a este Colegio, lo que vulnera nuestra autonomía organizativa.
-Agravio comparativo con el Turno de Oficio: Resulta inaceptable que la retribución de este servicio sea manifiestamente desproporcionada y carezca de equidad frente a los baremos del Turno de Oficio. Aceptar este convenio supondría validar un sistema que prima económicamente un asesoramiento puntual mientras mantiene desatendida la reivindicación histórica de mejora retributiva para la defensa letrada integral de los/as ciudadanos/as más vulnerables.
-Riesgo de competencia desleal: El objeto del convenio abarca el asesoramiento a propietarios/as o usufructuarios/as sin estar vinculado estrictamente a criterios de insuficiencia de recursos. Esto podría sustraer clientes potenciales de la abogacía privada, ofreciendo gratuitamente prestaciones que deberían ser objeto de contratación particular.
-Sobrecarga del Servicio de Orientación Jurídica (SOX): La asunción de estas obligaciones incrementaría la carga de trabajo de los/as compañeros/as del SOX, restando recursos vitales para la atención directa a nuestro propio Colegio.
En definitiva, la integridad de la profesión y el respeto a nuestras competencias deben prevalecer sobre cualquier consideración económica puntual. No permitiremos que se quiebren los principios de gestión que asumimos en nuestro programa de gobierno por un servicio de dudosa necesidad social mientras se mantienen baremos insuficientes para el Turno de Oficio.
En cuanto a los asuntos internos, la gestión de esta Junta de Gobierno está siendo sistemáticamente torpedeada mediante recursos ante el Consello, interpuestos principalmente por miembros de juntas anteriores, sus comisiones, la Agrupación de Abogados Jóvenes y compañeros/as de despacho de todos/as ellos/as. Se han recurrido decisiones como la de no designar compañeros/as para servicios MASC gratuitos, obligando a los/as compañeros/as a prestar el servicio sin retribución; la limitación de la presencia de la AANOU en las Juntas a temas de su interés; o las bases de renovación de profesores del Máster, aún sin la más mínima eficacia práctica (no se recurre porque cambie la adjudicación de plazas sino exclusivamente para poder decir que se han anulado y obligar a convocar otra vez). Incluso se nos ha denunciado, por un colegiado no ejerciente, por no ejecutar sanciones deontológicas de la etapa anterior; o por la decisión de cubrir el turno de fuera de Ourense con voluntarios/as para evitar desplazamientos forzosos y adscripciones obligatorias. Se nos acusa, paradójicamente, de falta de información y, al mismo tiempo, de vulnerar la protección de datos y de un posible delito de revelación de secretos, por dar demasiada.
En este contexto de fiscalización extrema, nos obligarán a convocar una Asamblea General Extraordinaria, para analizar gestiones que son competencia exclusiva de la Junta de Gobierno y que han sido ratificadas en Asamblea General mediante la aprobación de los presupuestos y las cuentas. A pesar de que los puntos del orden del día no pueden ser objeto de votación por invadir competencias ejecutivas, se obligará a formalizar la convocatoria cuyo único fin es su utilización como herramienta de escarnio público en prensa.
Por otro lado, queremos informar sobre las manifestaciones realizadas por el ex-Secretario Técnico afirmando en la Asamblea de 30 de marzo de 2026 que existían aproximadamente 16.000 € en efectivo en la caja fuerte del Colegio, cantidad que la Junta de Gobierno consideraba un error contable al no haber sido informada de su existencia en la toma de posesión. Ante esta revelación, mediante resolución de 20 de abril de 2026, se procedió a la apertura de trámite de información reservada para determinar la veracidad de las afirmaciones. En el marco de este expediente, el 18 de mayo de 2026 se levantó acta notarial de presencia y apertura de la «caja roja» ubicada dentro de la caja fuerte, contabilizándose billetes y monedas por el importe señalado, correspondientes, aproximadamente la mitad, a devoluciones del turno de compañeros/as, nunca ingresadas en las cuentas colegiales (algunas de ellas en pesetas, lo que supone la existencia de sobres con efectivo sin control con una antigüedad de más de veinte años). Se desconoce el origen o procedencia del resto del dinero, sin que ninguno de los responsables de anteriores juntas se haga cargo de la indicada situación.
Es importante señalar que, desde la toma de posesión de esta Junta, nos hemos encontrado con una herencia de situaciones laborales que requerían regularización. A pesar de que los/as trabajadores/as han contado con mayores garantías que nunca (representación legal, elecciones sindicales y comunicaciones formales por escrito), la firme determinación de esta Junta de exigir un desempeño profesional proporcional al salario percibido ha generado una alta litigiosidad. Los/as trabajadores/as han iniciado múltiples procedimientos, entre los que destacan:
- Reclamaciones contra expedientes disciplinarios por infracción de la obligación de incompatibilidad, desobediencia de órdenes directas y no realización de funciones.
- Reclamaciones de trienios no pactados y de cantidad.
- Demandas por despido objetivo y acusaciones de acoso.
Sobre este último punto, queremos ser tajantes: las representaciones letradas de los/as trabajadores/as han acusado de acoso a esta Junta y a la Decana por el mero hecho de pedir que cumplan sus funciones y dar explicaciones de gestión en la asamblea general. Hasta en tres ocasiones, los juzgados y tribunales han reiterado que no existe tal situación de acoso. A pesar de ello, se ha presentado una nueva demanda. Informaros de que ya contamos con la tercera sentencia que niega la existencia de acoso laboral hacia los/as trabajadores/as del Colegio. Exigir el cumplimiento de las funciones profesionales no es acoso; es responsabilidad en la gestión.
A quienes siguen solicitando privilegios en las adjudicaciones de turnos o sustituciones por conveniencia personal, les reitero que tales prácticas no tendrán cabida mientras esta Junta de Gobierno esté al frente. Seguimos trabajando, con la misma determinación que mostramos en la lucha por la pasarela al RETA y en la defensa de un Turno de Oficio digno, para que el Ilustre Colexio da Avogacía de Ourense sea un referente de independencia y ética profesional.
En el plano personal, quiero compartir con vosotros que, tras asumir el duro diagnóstico de cáncer recibido hace unos días, la intervención a la que me sometí la semana pasada ha sido un éxito. No puedo estar más agradecida a mi Junta de Gobierno, que ha resistido insultos y presiones de todo tipo, y a mis compañeras de lucha en Marea Negra y las Plataformas nacionales para la Pasarela al Reta y el Turno de Oficio. Gracias a todos/as los/as que trabajáis a nuestro lado para dignificar la profesión. Seguiremos peleando por el reglamento de la pasarela y por el reconocimiento de la relación laboral especial del Turno de Oficio, cumpliendo con el programa electoral con el que nos comprometimos ante todos vosotros.
Atentamente,
Marta Gómez Álvarez
Decana del Ilustre Colexio da Avogacía de Ourense
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