Marta Gómez Alvarez, decana del Ilustre Colexio da Avogacía de Ourense
En el artículo publicado el pasado mes de mayo, titulado Una Pasarela Justa para no Dejar a Nadie Atrás, definía la situación de los miles de profesionales mutualistas alternativos no como un conflicto sectorial, sino como un desafío a la propia dignidad de nuestro Estado de Derecho. Hablaba entonces de una «ventana de oportunidad», de un momento parlamentario decisivo en el que la Comisión de Trabajo, Economía Social, Inclusión, Seguridad Social y Migraciones del Congreso tenía en sus manos la capacidad de transformar décadas de desprotección en una solución de justicia material.
Hoy, tras la sesión del Pleno del Congreso celebrada el pasado 11 de junio de 2026, esa ventana parece haber sido cerrada de un portazo, dejando tras de sí un rastro de perplejidad, indignación y una profunda sensación de inseguridad jurídica. Lo que debió ser el acto final de un consenso largamente trabajado se convirtió en un escenario donde los intereses partidistas y los errores técnicos han prevalecido sobre los derechos de los ciudadanos.
El espejismo del Dictamen de la Comisión
Para entender la magnitud del agravio, es preciso analizar lo que estuvimos a punto de lograr. El Dictamen, emitido por la Comisión el 1 de junio, representaba un avance técnico y social sin precedentes. Aquel texto, fruto de intensas negociaciones y de una labor didáctica extenuante por parte de los colectivos afectados, incorporaba mejoras sustanciales que permitían vislumbrar una salida digna para todos.
El Dictamen proponía una nueva Disposición Transitoria Cuadragésima Séptima en el Texto Refundido de la Ley General de la Seguridad Social que establecía reglas claras. En su apartado cuarto, fijaba un coeficiente de mejora para la conversión de los derechos económicos acumulados en periodos cotizados que, si bien no alcanzaba el «año por año» solicitado, ofrecía una base de cálculo para evitar la indigencia de las futuras pensiones.
Más importante aún era el apartado quinto de dicho dictamen, que establecía un beneficio vital para los mutualistas mayores de 52 años (a fecha de 31 de diciembre de 2026): el cómputo de cada mes de alta en la mutualidad como un mes de alta en el RETA a los exclusivos efectos de determinar el porcentaje aplicable a la base reguladora. Esta medida era la tabla de salvación para quienes, por razones biológicas, ya no disponen de tiempo para reconstruir una carrera de cotización en el sistema público. Era, en definitiva, el reconocimiento del esfuerzo contributivo de toda una vida.
La jornada del 11 de junio: Cuando la política ignora a las personas
Sin embargo, el texto que finalmente ha sido aprobado por el Pleno y remitido al Senado, ha sufrido una mutilación que desvirtúa el espíritu de la reforma. El funcionamiento del sistema parlamentario, a menudo opaco para el ciudadano de a pie, permitió que lo que se pactó en Comisión se desmoronara en el Pleno. Tres errores en las votaciones y una preocupante dosis de revanchismo político han pesado más que el bienestar de miles de familias.
El texto definitivo que ahora viaja al Senado diluye las certezas del Dictamen en un mar de ambigüedades reglamentarias. El coeficiente de mejora ha desaparecido, siendo sustituido en el apartado segundo de la nueva DT 47ª por un «coeficiente que se modulará en función de los años en alta… tomando como referencia los parámetros que reglamentariamente se determinen». Esta remisión al reglamento es una dejación de funciones que traslada la decisión política a la discrecionalidad administrativa, privando a los afectados de la seguridad jurídica que garantiza una ley de rango superior.
Un análisis comparativo de la desprotección
La diferencia entre el Dictamen y el texto final no es meramente semántica; es una cuestión de supervivencia económica. Mientras el Dictamen de la Comisión intentaba blindar la situación de los más vulnerables, el texto aprobado por el Pleno parece haber sido redactado para minimizar el impacto en las arcas públicas a costa de la protección social.
La nueva redacción, elimina el texto que permitía a una inmensa mayoría acceder a la pensión mínima de jubilación, a cambio de que entre todo el mundo. Y esto significa en la práctica, además de una inmensa complejidad para el desarrollo reglamentario, que ya nadie tendrá garantizada la pensión mínima, sino que cada uno de “todos” los que puedan entrar, tendrá aquello que puedan “comprar” con su fondo. Ignorando que la mayoría de los jubilados, no tienen fondo o que muchos de los afectados han perdido su fondo por decisiones completamente ajenas a ellos y en las que no pudieron participar: malas inversiones de las mutualidades, recortes de fondos consecuencia de pasos a capitalización individual o integraciones de unas mutualidades en otras o, simplemente, mutualidades que decidieron destinar las cuotas y fondos de los mutualistas, y los beneficios obtenidos con ellas, a otros fines más lucrativos o más interesantes para sus negocios.
Es incomprensible que una ley que nace para corregir una situación de desprotección generada bajo el amparo y consentimiento del Estado, ignore precisamente a quienes ya están sufriendo las consecuencias de ese sistema fallido. Como decía en mayo, la protección para los ya jubilados debe ser imperativa, no una facultad potestativa que dependa de futuras y dudosas «prestaciones sociales» de las mutualidades, o de los años que puedan canjear con un fondo, en la mayoría de los casos, ya inexistente. Igual de incomprensible es, que se pretenda la actualización de las bases al IPC, obligando a “comprar” bases de 1996 o 2006, al precio de 2026 y sin tener en cuenta las prestaciones no disfrutadas. Si, como vemos, lo único importante es el capital, tampoco tiene sentido limitar la posibilidad de firmar un convenio especial y comprar, ahora sí, sin comillas, cotizaciones suficientes para tener una vejez digna, como establece la Constitución, y disfrutan los demás ciudadanos.
La dignidad no se compra, pero si me van a obligar a comprarla, permítanme endeudarme como mejor me parezca para poder acceder a la misma. Como gritaba hace ya muchos meses en Sevilla, una compañera, en toda su desesperación: ¡En mi hambre mando yo!
El Senado: La última trinchera de la confianza legítima
El proceso legislativo no ha terminado. El texto se encuentra ahora en el Senado, y es aquí donde los afectados redoblamos nuestros esfuerzos. No pedimos privilegios; exigimos derechos y la aplicación del principio de confianza legítima. Muchos profesionales optaron por el sistema mutualista porque era el marco legal vigente y avalado por las instituciones. Si ese marco se ha revelado insuficiente, el Estado no puede lavarse las manos alegando que fue una «opción voluntaria», cuando dicha opción se basó en expectativas de cobertura que el propio legislador ha reconocido como fallidas en la exposición de motivos de la propia Proposición de Ley.
La indignación tras el Pleno del 11 de junio es el motor de una lucha que no va a cesar. El Senado tiene la oportunidad de enmendar los errores del Congreso, de recuperar el espíritu del Dictamen de la Comisión y de dotar a la pasarela de «justicia material».
Legislen para la solución, no para el conflicto
No basta con tramitar una ley; hay que legislar soluciones. Una pasarela que nace con defectos técnicos que hacen inviable una solución para los más mayores, es una invitación directa a la litigiosidad masiva. El orden jurisdiccional social se verá inundado de reclamaciones basadas en la vulneración del principio de igualdad y en la insuficiencia de las prestaciones.
Desde estas líneas, hacemos un llamamiento a los senadores y diputados para que actúen con altura de miras. Tienen en sus manos la posibilidad de corregir un texto que, en su redacción actual, es una sombra de lo que pudo ser. La dignidad de miles de profesionales que han contribuido al desarrollo de este país no puede ser moneda de cambio en una negociación presupuestaria o en un error de votación.
En mayo pedíamos una pasarela justa. En junio, tras ver cómo se desvanecía el consenso, exigimos que se restaure la decencia legislativa. El momento es ahora, porque detrás de cada artículo de la Ley hay vidas humanas que no pueden esperar más.
Señores y señoras senadores y diputados, la mayoría de ustedes, que sí se ven beneficiados por la nueva redacción, ya tienen garantizada una pensión más que digna. Legislen para los afectados.
Artículo publicado en: https://www.lawandtrends.com/
Spanish 
Galician