El ICA Ourense traslada a sus colegiados la decisión de mantener el actual modelo de financiación de la asistencia jurídica gratuita o exigir a la Xunta una negociación real para garantizar su viabilidad
Ourense, 16 de febrero de 2026.– La decana del Ilustre Colexio da Avogacía de Ourense, Marta Gómez, ha analizado en una entrevista concedida a Galiciapress la situación crítica que atraviesa el servicio de asistencia jurídica gratuita en Galicia.
En un contexto de incremento constante de solicitudes, la financiación autonómica no ha evolucionado en la misma proporción, lo que, según la decana, sitúa al sistema en un escenario “insostenible tal y como está planteado”.
Una decisión en manos del colectivo
El Colegio ha trasladado a sus colegiados una consulta para decidir la hoja de ruta: aceptar la propuesta presupuestaria presentada por la Xunta —que contempla un incremento inferior a tres millones de euros— o mantener una postura firme para exigir una ampliación real de la dotación económica, que el ICA Ourense estima en al menos seis millones para garantizar la viabilidad del servicio.
“La cuestión es clara”, explica Gómez: o se acepta un modelo que obliga a seguir trabajando en condiciones deficitarias, o se abre una negociación real para dotar al servicio de los recursos necesarios.
Un sistema tensionado
La asistencia jurídica gratuita, derecho reconocido constitucionalmente, depende del trabajo de los profesionales adscritos a la Quenda de Oficio, quienes desde noviembre de 2023 mantienen una huelga indefinida a nivel estatal. A pesar del incremento de la demanda, la financiación continúa realizándose “a toro pasado”, lo que obliga a los colegios profesionales a adelantar fondos para garantizar el pago a los letrados.
Desde el ICA Ourense se reclama una financiación estable y anticipada que permita evitar situaciones de tensión financiera que comprometen la sostenibilidad del servicio.
Falta de diálogo institucional
En la entrevista, la decana lamenta la ausencia de diálogo por parte de la Administración autonómica. Según señala, no se han aceptado propuestas relativas a la actualización de conceptos, guardias o mejoras estructurales del baremo.
Asimismo, destaca que existe consenso entre los colegios gallegos en no suscribir el acuerdo en las actuales condiciones, aunque los métodos para abordar la situación difieren entre corporaciones.
La cuestión de fondo: el reconocimiento profesional
Uno de los ejes centrales del conflicto es la negativa a reconocer la especial relación de dependencia existente entre la Administración y los profesionales de la Quenda de Oficio. El ICA Ourense ha encargado un estudio académico para analizar posibles fórmulas jurídicas que permitan abordar esta realidad desde un marco regulatorio adecuado.
La decana subraya que el debate no es únicamente económico, sino también estructural: se trata de garantizar la dignidad profesional y la calidad del servicio público que se presta a la ciudadanía.
Un año de cambio
En su primer año al frente del Colegio, Marta Gómez ha impulsado una reorganización interna y ha reforzado la defensa institucional de los colegiados, incluyendo la concesión de amparo colegial a profesionales sancionados en el contexto de la huelga.
El resultado de la consulta al colectivo se conocerá en los próximos días. De su decisión dependerá si el ICA Ourense mantiene la actual estrategia de presión institucional o si acepta el marco presupuestario propuesto.
Lo que sí queda claro es que el debate ya no es técnico, sino estratégico: garantizar que la asistencia jurídica gratuita cuente con los recursos necesarios para no convertirse en un sistema sostenido únicamente por la buena voluntad de sus profesionales.
Entrevista completa: Galicia Press: Abogados del turno de oficio de Ourense eligen: «trabajar gratis y repartir migajas» o ir a la guerra contra la Xunta
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