{"id":1798,"date":"2026-09-16T11:16:10","date_gmt":"2026-09-16T09:16:10","guid":{"rendered":"https:\/\/icaourense.gal\/?p=1798"},"modified":"2026-09-16T11:16:13","modified_gmt":"2026-09-16T09:16:13","slug":"la-reforma-que-la-abogacia-ya-no-puede-aplazar-de-las-jornadas-de-tenerife-de-2005-al-pleno-de-2026","status":"publish","type":"post","link":"http:\/\/icaourense.gal\/gl\/la-reforma-que-la-abogacia-ya-no-puede-aplazar-de-las-jornadas-de-tenerife-de-2005-al-pleno-de-2026\/","title":{"rendered":"La reforma que la abogac\u00eda ya no puede aplazar. De las Jornadas de Tenerife de 2005 al Pleno de 2026"},"content":{"rendered":"

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Detr\u00e1s de las siglas, los reglamentos y los despachos institucionales, la abogac\u00eda espa\u00f1ola arrastra una herida que ya no admite parches. Miles de abogados y abogadas, tras toda una vida dedicada a la defensa de la ciudadan\u00eda, afrontan hoy una jubilaci\u00f3n que roza la indigencia. Confiaron sus ahorros a un sistema mutualista avalado por el Estado y descubren ahora que sus pensiones previstas quedan muy por debajo de una pensi\u00f3n no contributiva. Es la angustia de quienes ya no pueden dejar de trabajar, porque el sistema llamado a protegerles les ha fallado.<\/p>\n\n\n\n

Ese es el escenario que da trascendencia a la propuesta presentada para que este viernes 18 de septiembre de 2026, el Pleno del Consejo General de la Abogac\u00eda Espa\u00f1ola (CGAE) proceda a su debate y votaci\u00f3n: modificar el art\u00edculo 99.1.d) del Estatuto General de la Abogac\u00eda Espa\u00f1ola (EGAE) para suprimir la condici\u00f3n de consejero nato del presidente de la Mutualidad General de la Abogac\u00eda. No es un capricho organizativo. Es un acto de justicia material y de coherencia institucional con los profesionales que sufren las consecuencias de un modelo agotado.<\/p>\n\n\n\n

Una historia que no debe repetirse<\/strong><\/h3>\n\n\n\n

Conviene recordar que fue el propio Consejo quien, hace dos d\u00e9cadas, fren\u00f3 la integraci\u00f3n en la Seguridad Social, protegiendo a una mutualidad que se transformaba en aseguradora y dejaba de ser, en la pr\u00e1ctica, de la abogac\u00eda \u2014aunque no eliminara la palabra \u00ababogac\u00eda\u00bb de su nombre hasta 2025\u2014. Esa historia no puede repetirse.<\/p>\n\n\n\n

Ya en 2004, el Bolet\u00edn 165 de los colegios de Arag\u00f3n denunciaba que las pensiones de la Mutualidad estaban congeladas y camino de volverse \u00abrid\u00edculas\u00bb, sin cobertura sanitaria ni farmac\u00e9utica. Bajo esa presi\u00f3n, la Asamblea General de junio de 2004 acept\u00f3 explorar la integraci\u00f3n en el RETA. Pero en lugar de negociar con determinaci\u00f3n, se encarg\u00f3 un informe a la consultora Mercer y el debate se diluy\u00f3 en comisiones t\u00e9cnicas, mientras se preparaba el \u00abPlan Universal de la Abogac\u00eda\u00bb (PUA), aprobado en noviembre de 2005.<\/p>\n\n\n\n

Aquel plan, presentado como modernizaci\u00f3n, supuso el tr\u00e1nsito definitivo de la capitalizaci\u00f3n colectiva a la individual, desmantelando la solidaridad interna. El propio decano de Zaragoza advirti\u00f3 entonces, en el Bolet\u00edn 169 (septiembre de 2005), que ese modelo individualizado har\u00eda \u00abmuy dif\u00edcil, si no imposible\u00bb, la futura integraci\u00f3n en el RETA. El tiempo le ha dado la raz\u00f3n.<\/p>\n\n\n\n

Veinti\u00fan a\u00f1os despu\u00e9s, el presidente de esa entidad sigue teniendo asiento en el m\u00e1ximo \u00f3rgano de la abogac\u00eda espa\u00f1ola. Pero los mutualistas de hoy no son los de 2005: exigen respuestas y exigen que se vote.<\/p>\n\n\n\n

No caben m\u00e1s dilaciones. Ni las posiciones enfrentadas, ni la incomodidad leg\u00edtima de una votaci\u00f3n p\u00fablica por exigencia estatutaria, deben servir de excusa para perpetuar una situaci\u00f3n cada vez m\u00e1s dif\u00edcil de sostener \u00e9tica, institucional y jur\u00eddicamente.<\/p>\n\n\n\n

Compromisos que siguen pendientes<\/strong><\/h3>\n\n\n\n

Esta larga espera resulta a\u00fan m\u00e1s dif\u00edcil de entender si se recuerda que la propia abogac\u00eda institucional ya asumi\u00f3 compromisos claros en esta materia. En mayo de 2005, las IV Jornadas de Juntas de Gobierno de Colegios de Abogados, celebradas en Santa Cruz de Tenerife, aprobaron por ampl\u00edsima mayor\u00eda unas conclusiones recogidas en el Bolet\u00edn 168 de los colegios de abogados de Arag\u00f3n (junio de 2005). Su Conclusi\u00f3n 2.\u00aa recomendaba que los colegios facilitaran informaci\u00f3n comparativa de los reg\u00edmenes y aconsejaran a los nuevos colegiados la afiliaci\u00f3n al RETA. La Conclusi\u00f3n 4.\u00aa fue a\u00fan m\u00e1s rotunda: el RETA era, ya entonces, \u00abmucho m\u00e1s favorable para el afiliado\u00bb que los reg\u00edmenes vigentes.<\/p>\n\n\n\n

Aquella hoja de ruta se abandon\u00f3 a favor del PUA. Recuperarla, veinte a\u00f1os despu\u00e9s, es tambi\u00e9n una forma de restituir un compromiso pendiente con los colegiados.<\/p>\n\n\n\n

Esta situaci\u00f3n de confrontaci\u00f3n no beneficia a nadie: ni a los mutualistas que reclaman la pasarela al RETA, ni a quienes emplean la Mutualidad como simple instrumento de ahorro privado. Una entidad de previsi\u00f3n social enfrentada a buena parte de sus part\u00edcipes, y que arrastra a los colegios a un conflicto de gobernanza permanente, se convierte en un activo inestable. La paz social y la seguridad jur\u00eddica son la base de cualquier entidad que aspire a competir en el mercado asegurador; alimentar la confrontaci\u00f3n solo deval\u00faa esa confianza.<\/p>\n\n\n\n

Un debate jur\u00eddico ya resuelto<\/strong><\/h3>\n\n\n\n

La cuesti\u00f3n de fondo \u2014la presencia de presidentes de mutualidades privadas en los \u00f3rganos de gobierno de los consejos generales de profesiones colegiadas\u2014 no es nueva ni compleja: est\u00e1 resuelta desde hace m\u00e1s de veinte a\u00f1os. El Tribunal Supremo, en sentencia de 28 de septiembre de 2005 (Sala Tercera, de lo Contencioso-Administrativo), al estudiar el Estatuto General de los Procuradores, declar\u00f3 la nulidad de la presencia del presidente de su Mutualidad en el Pleno del Consejo General correspondiente, por tratarse de un cargo no electivo ni con origen representativo directo del colectivo, en contra de la Ley de Colegios Profesionales.<\/p>\n\n\n\n

Mientras que decanos y consejeros son elegidos democr\u00e1ticamente por sus compa\u00f1eros, el presidente de la Mutualidad es designado de forma indirecta por su propia Junta de Gobierno. Mantener un asiento nato para un actor mercantil no electo en el m\u00e1ximo \u00f3rgano de gobierno de la abogac\u00eda es, a la luz de esa jurisprudencia, una anomal\u00eda dif\u00edcil de justificar. A ello se suma que la Mutualidad ha transitado desde su concepci\u00f3n original como previsi\u00f3n social solidaria hacia un modelo de negocio asegurador que compite en el mercado; su presencia institucional, pensada para otra realidad, pierde hoy su fundamento.<\/p>\n\n\n\n

Un conflicto de intereses que conviene resolver<\/strong><\/h3>\n\n\n\n

Bajo el debate subyace un problema de conflicto de intereses en dos planos que conviene abordar con transparencia. Por un lado, existen decanos que compaginan su funci\u00f3n en el Pleno del CGAE con vocal\u00edas en la Junta de Gobierno de la Mutualidad o con v\u00ednculos retributivos con ella; y se han producido movimientos de personas entre altos cargos de ambas instituciones en plazos muy breves, algo que \u2014sin presuponer intenci\u00f3n alguna\u2014 alimenta dudas leg\u00edtimas sobre la necesaria distancia entre ambas entidades.<\/p>\n\n\n\n

Por otro lado, diversos colegios han invertido cantidades importantes del ahorro colegial en la propia Mutualidad, inversiones expuestas al mercado y no cubiertas por el Fondo de Garant\u00eda de Dep\u00f3sitos, lo que puede condicionar, aunque sea involuntariamente, la posici\u00f3n de algunos decanos ante esta votaci\u00f3n.<\/p>\n\n\n\n

Ninguno de estos elementos cuestiona la buena fe de quienes hoy integran el Pleno. Pero s\u00ed exige que la instituci\u00f3n act\u00fae con la m\u00e1xima transparencia, separando con claridad su funci\u00f3n representativa de cualquier inter\u00e9s patrimonial, propio o colegial, en la entidad aseguradora.<\/p>\n\n\n\n

Los decanos de Espa\u00f1a se deben, ante todo, a sus colegiados: a los profesionales que sostienen el turno de oficio, defienden los derechos de la ciudadan\u00eda y hoy ven con inquietud c\u00f3mo se diluyen sus expectativas de previsi\u00f3n social. La reforma del art\u00edculo 99.1.d) es tambi\u00e9n una oportunidad de reconciliaci\u00f3n con los mutualistas afectados.<\/p>\n\n\n\n

Crear una comisi\u00f3n de estudio ser\u00eda, en este punto, repetir el error de 2005: ganar tiempo mientras el problema se agrava. La naturaleza jur\u00eddica de la Mutualidad ha cambiado, la jurisprudencia del Tribunal Supremo es clara y el conflicto de intereses, evidente. No queda nada relevante por estudiar que no se haya estudiado ya.<\/p>\n\n\n\n

El pr\u00f3ximo 18 de septiembre, el Pleno tiene ante s\u00ed la oportunidad de estar a la altura de lo que sus colegiados esperan: votar, sin dilaciones ni refugios procedimentales, a favor de separar el gobierno de la abogac\u00eda de los intereses de una aseguradora privada. Es una decisi\u00f3n que honra la independencia de la profesi\u00f3n y la dignidad de quienes la ejercen.<\/p>\n\n\n\n

Ojal\u00e1 dentro de veinte a\u00f1os ning\u00fan colegiado tenga que buscar este art\u00edculo al descubrir que la previsi\u00f3n social que le recomendaron le condena a la indigencia en su jubilaci\u00f3n. Ojal\u00e1 esta vez no sea, de nuevo, una oportunidad perdida.<\/p>\n\n\n\n

Art\u00edculo publicado en https:\/\/www.lawandtrends.com\/<\/a><\/p>\n\n\n\n

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